México, 11 Jul. (Notimex).- Los integrantes del Consejo General del IFE desahogan, con apego a la ley, 40 quejas de fiscalización que incluyen los topes de campaña, así como los casos Monex y Soriana contra el PRI, para determinar si hubo presión y coacción del voto.
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, informó que la Unidad de Fiscalización encargada del caso no tiene impedimento por los secretos bancario, fiduciario ni fiscal, y es autónoma respecto a los partidos políticos y al Consejo General.
Al leer un comunicado en nombre de los consejeros electorales, indicó que la competencia del IFE se circunscribe al control, vigilancia y fiscalización de los partidos y sus campañas.
La investigación propiamente dicha de los delitos electorales, aclaró el consejero presidente, le corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, dijo, los consejeros electorales consideraron pertinente adelantar este miniinforme respecto a las quejas y denuncias sobre la relación entre el poder y el dinero, para dejar en claro que están cumpliendo con las facultades y obligaciones que les impone la ley.
Refrendaron que el estado que guardan las investigaciones es reservado por mandato de ley, y únicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia para pedir al IFE un avance de tales indagatorias.
En su presentación ante los representantes de los medios, el Consejero Presidente Leonardo Valdéz no aceptó preguntas y se limitó a informar que, en lo que lo que va del año, se han recibido 63 quejas en materia de fiscalización, de las cuales 23 ya fueron resueltas por el IFE.
Las 40 quejas restantes, añadió, se desahogan de acuerdo con la complejidad de cada caso, cuyo desglose respecto a las actuaciones realizadas hasta el momento se pueden consultar en la página de Internet de la Unidad de Fiscalización.
Los consejeros enumeraron las siete investigaciones más importantes que se encuentran en proceso de esclarecimiento, en un orden cronológico.
El primer caso, rebase de topes de gastos de campaña, fue presentado el 20 de abril de 2012, y refería espectaculares para promover la campaña de Enrique Peña Nieto y gastos por el uso de aeronaves, interpuesta por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
Otro caso es la recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes establecidos, presentada el 1 de junio de 2012, para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador y fue interpuesta por Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 8 de junio pasado, el PAN y el PRI pidieron investigar la obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y movimientos sociales, para financiar la imagen de López Obrador.
Otro caso, el 14 de junio, es la aportación de recursos depositados en Monex para promover a Peña Nieto en territorio estadounidense, a través de la cadena de televisión Frontera Televisión Network (FTN), y fue interpuesto por el PAN y el PRD.
El 26 de junio, Acción Nacional pidió averiguar las cuentas bancarias no declaradas a nombre de Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité de Financiamiento de Andrés Manuel López Obrador, destinadas a sufragar gastos de campaña.
El 26 de junio, también el PAN se pronunció por investigar el presunto uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de la entrega de Monederos Monex, para el pago de representantes generales y de casilla del PRI, para la compra del voto.
Tres días después, el PRD y otros partidos interpusieron una demanda más por uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de la distribución de tarjetas Soriana, también para la compra del voto.
El consejero presidente dio a conocer que el 16 de marzo la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos recibió cuatro mil 240 informes de gastos de precampaña, 261 de ellos se revisaron en forma expedita, antes del registro de candidatos, sancionándose las faltas que fueron acreditadas.
Los restantes tres mil 979 son objeto de verificación, a efecto de poder determinar lo conducente al final de la fiscalización respectiva, añadió.
Como parte de este trabajo de fiscalización, dijo, se revisan los expedientes de siete mil 805 personas para establecer si éstas han sido reportadas por el sistema financiero por efectuar operaciones inusuales o relevantes en el marco de la ley para prevenir y detectar lavado de dinero.
